La ley de Cabotaje, arruina a Puerto Rico

Máximo Gonzalez-Palacios  Franco.

La Ley de Cabotaje impuesta a Puerto Rico desde 1900, (después de la anexión de la isla a EEUU y como botín de guerra en 1898 contra España ) a transportar la carga marítima entre Puerto Rico y EE.UU. en barcos fabricados en ese último país, y que sean propiedad y de bandera estadounidense.

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La Ley de Cabotaje de Puerto Rico, que impide la entrada de barcos que no sean de tripulación, bandera y fabricación estadounidense, tiene efectos devastadores para la deteriorada economía de la isla según estudios que maneja el Senado.

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“Puerto Rico se arruina con esta ley, según la presidenta de la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social del Senado de Puerto Rico, Rossana López, que trabaja estos días para tratar de acabar con esta ley.

La difícil situación por la que atraviesa este Estado Libre Asociado a EE.UU., que sufre desde hace más de siete años una profunda crisis económica, ha vuelto a poner de actualidad una ley considerada muy perjudicial para lograr una recuperación.

Con una deuda cercana a los 72.000 millones de dólares, la derogación de esta ley, permitiría a Puerto Rico un ahorro superior a los 1.000 millones de dolares anuales.

En una entrevista con Efe, la legisladora del gobernante Partido Popular Democrático (PPD) explica que esa normativa, que restringe además la entrega a Puerto Rico de mercancía a sólo cuatro navieras estadounidenses, ralentiza el desarrollo económico de la isla por impedir la competencia y mantener altos precios.

López insiste que no se trata de una opinión personal y apunta que su tesis fue corroborada durante un encuentro sobre el tema celebrado este mes en el marco del Foro de Transportación y Logística Marina, organizado por la Universidad Católica de Puerto Rico.

“Se nos asfixia. La eliminación de la Ley de Cabotaje generaría ingresos que nos ayudarían a pagar la deuda, subraya la senadora, que se remite a doce estudios locales e inales destacados durante esa reunión y que revelan que esa ley tiene efectos desastrosos para la economía local.

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Uno de los estudios sobre sus efectos data de 1999 y fue elaborado por la Comisión de Comercio Internacional de EE.UU., que calculó que sin las normas de cabotaje los costos de transporte de productos descenderían más de un 30%

La comisión que encabeza López trabaja actualmente para rebatir el argumento de la Oficina de Contabilidad General del Congreso de EE.UU. (GAO) de que la Ley de Cabotaje no afecta a la economía de la isla.

López defiende que ese organismo sólo vela por el interés de la marina mercante estadounidense, sin tener en cuenta el de Puerto Rico, que “puede estar pagando hasta mil millones de dólares anuales de sobrecargo por transportar mercancía que llega a la isla del exterior y que tiene que pasar por un puerto de EE.UU. continental”.

Subraya que la Ley de Cabotaje pretende, entre otras cosas, defender los intereses de los astilleros de EE.UU., con costes más altos que los de otros países, diferencia que termina pagando el consumidor puertorriqueño.

Desde el pasado enero se celebran vistas públicas en el Senado local para escuchar las opiniones de expertos y diferentes agentes sociales sobre el asunto.

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Un informe con el resultado de esas vistas, que se espera terminen en las próximas semanas, será enviado a la Oficina de Contraloría General de EE.UU. y al Congreso en Washington para que se analice la posibilidad de derogar la ley.

En su opinión, es imprescindible que se apruebe una exención a la norma, ya que “la práctica totalidad” de los bienes que se consumen en Puerto Rico son importados.

El catedrático del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico José Alameda coincide con la legisladora y considera, según explicó en una entrevista con Efe, que la Ley de Cabotaje es “anacrónica” e  imperialista e impide la libre competencia”.

Alameda, que ha llevado a cabo estudios sobre el tema, cree que si abriera a la competencia el transporte marítimo entre EE.UU. y Puerto Rico se abaratarían notablemente los costes de los productos importados.

El experto considera que las autoridades estadounidenses no tienen que ver esa apertura como una amenaza, ya que las cuatro compañías que controlan el tráfico actual mantendrían su posición y habría que ver además si a empresas foráneas les resulta atractivo competir, ya que desde Puerto Rico prácticamente no sale mercancía al exterior.

Para el también economista Eduardo Pagán, vicepresidente para Puerto Rico y el Caribe de la compañía Sea Star Line Agency, una de las compañías que transporta mercancía desde EE.UU., el tema de la Ley de Cabotaje es un asunto político que debe ser tratado.

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Los estudios dados a conocer durante el encuentro de la Universidad Católica de Puerto Rico apuntan que la norma incrementa el precio de los bienes importados en cerca de un 30 %.

La Ley de Cabotaje se aplica en Puerto Rico desde 1900, cuando el Congreso aprobó la primera ley orgánica, la Ley Foraker, y dispuso que el cabotaje entre la isla y EE.UU. sería regulado conforme con las disposiciones de ley aplicables a dicho comercio marítimo.

Al aprobarse la segunda ley orgánica, la Ley Jones, en 1917, las leyes de cabotaje continuaron en efecto y su vigor prevalece hasta hoy en Puerto Rico

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                    Foraker

Ley de cabotaje estadounidense arruina la economía de Puerto Rico El Informe Final de la Resolución del Senado 237 que ordenó la investigación fue presentado el pasado 13 de abril. Un estudio que aboga por los derechos de los puertorriqueños demostró que la ley de Cabotaje estadounidense a la que está sometida la isla, ha frenado su economía desde 1900. Una investigación a cargo de la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social del Senado sobre el impacto de la aplicación de las Leyes de Cabotaje a Puerto Rico desde 1920, arrojó un impacto económico sobre la isla equivalente a 29,052 millones de dólares entre 1970 y 2012 que ha afectado negativamente en su crecimiento, informó el sitio web Claridad Puerto Rico. El estudio contempló 13 vistas públicas con 32 deponentes y la evaluación de una docena de informes sobre la Ley Jones de 1920 (en la cual están contenidas las Leyes de Cabotaje) de agencias gubernamentales de Estados Unidos (EE.UU.) y de organizaciones internacionales, las cuales llegaron a la conclusión de que exista un reclamo de todos los puertorriqueños y de su Gobierno para que se exhonere a la isla de la aplicación de esta ley.

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Puerto Rico fortalece su cultura a pesar del colonialismo” Puerto Rico es la única jurisdicción de EE.UU a la que se aplica en su totalidad las restricciones apoyándose en las leyes de cabotaje, las cuales establecen que las mercancías transportadas entre los estados, territorios y posesiones de la nación norteamericana se hagan a través de la marina mercante de EE.UU., registradas o con franquicias otorgadas por autoridades de ese país y con tripulación de ciudadanos norteamericanos. Evidencia internacional El informe de 183 páginas reveló que organizaciones internacionales evidencian el impacto de las leyes de cabotaje, incluso en la economía estadounidense. El reporte de la Comisión de Comercio Internacional (CIC) de 1995 arrojó que: “en términos del efecto sobre la economía de Estados Unidos, las barreras a las importaciones de productos textiles y prendas de vestir fueron las más significativas de las examinadas. La eliminación de estas barreras se traduciría en un aumento calculado en el bienestar nacional equivalente a 10.400 millones de dólares.

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Con la liberalización de las restricciones de cabotaje marítimo se obtiene un beneficio calculado de 1.300 millones de dólares, y la liberalización de las barreras comerciales en el azúcar y los productos que contienen azúcar produce una ganancia de bienestar de poco menos de 1.000 millones de dólares. La eliminación simultánea de todas las barreras (excepto los de los cacahuetes y prensadas y vidrio soplado) produce una ganancia de bienestar calculado de 12.000 millones de dólares”.En 2012 el Banco de la Reserva Federal (BFR) de Puerto Rico, calculó que los elevados costos de transporte de bienes de la isla eran por causa de las restricciones impuestas por la Ley Jones. El informe demostró que el costo aproximado de enviar a Puerto Rico un contenedor de 20 pies (unos 6,09 metros) de uso doméstico y comercial con mercancías provenientes de la costa este de EE.UU. es de 3.000 dólares. Ese mismo envío a Santo Domingo, República Dominicana, cuesta solo un 1.500 dólares y de 1.687 dólares a Kingston (Jamaica), territorios que no están sometidos a las restricciones de la Ley Jones. Todo esto provocó que el BFR insistiera en su reciente informe en la debilidad económica de Puerto Rico, lo cual agrava el alto costo de hacer negocios. Alimentación adecuada La Comisión puntualizó que la imposición de las leyes de cabotaje “viola nuestro derecho a la alimentación adecuada, el cual es parte de los derechos humanos reconocidos internacionalmente” porque el 80 por ciento de los alimentos que se importan en la isla provienen de EE.UU en barcos respaldados por la Ley Jones. “Por lo cual, es evidente que el costo de los alimentos que consumimos en Puerto Rico es sustancialmente mayor por ser traídos en barcos de marina mercante estadounidense”. Concluyeron que el 94 por ciento de la carga que proviene de Estados Unidos a Puerto Rico, sale del puerto de Jacksonville en Florida, lo que expone a la isla a una escala de vulnerabilidad muy alta, debido a la aglomeración de carga en ese puerto marítimo y a los precios de transporte desde allá.

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La ley de Cabotaje, exprime y empobrece al ciudadano puertorriqueño y beneficia y enriquece a la  marina mercante de EEUU.

One thought on “La ley de Cabotaje, arruina a Puerto Rico”

  1. Y porque el pais no se une como en Vieques para que mediante esta fuerza del pueblo los estados unidos acaben de entender de una vez (por segunda vez) que PR se respeta.

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